MIGRACIÓN Y SEGURIDAD
La migración es una tendencia de supervivencia que la humanidad ha seguido desde tiempos remotos; de tal modo que, en una u otra época, casi todos los pueblos han migrado buscando mejores condiciones de vida. Por eso, el juicio restrictivo que una determinada generación de cualquier país mantiene contra la inmigración fácilmente no reconoce cómo sus antecesores migraron para lograrle esa condición ciudadana.
No obstante ser una realidad milenaria en la historia, las migraciones nunca han estado exentas de polémica, porque o bien han supuesto el desplazamiento en el derecho a los primitivos habitantes de un territorio, o han generado contiendas bélicas, o han desestabilizado la seguridad, o han constituido diferentes formas de esclavitud o simplemente han generado guetos de marginación, todas estas consecuencias se han mostrado tan incompatibles con la dignidad humana que en la antesala del mundo globalizado se ha procurado a nivel mundial compaginar los derechos de foráneos y nativos para garantizar el orden mundial.
Las razones por las que la inmigración es mejor tolerada provienen de que se requiera mano de obra para el desarrollo, especialmente en las ocupaciones repudiadas por los nativos, o cuando la migración procede a aportar efectiva riqueza al país de acogida, incluso dándose en este caso que no se suele recoonocer a los procedentes como inmigrantes sino como inversores.
Las razones por las que, en contra, es más denostada la migración es cuando supone un riesgo para la seguridad, para la identidad nacional o para la estabilidad laboral. Especialmente cuando existe clima de violencia el riesgo más temido es la incidencia en la seguridad; cuando aparece la recesión económica, la repercusión sobre el trabajo.
La defensa de la migración por tanto debe concebirse como como un sistema integral que protege los efectos sobre la ciudadanía receptora en lo que respecta a la capacidad de trabajo, a la seguridad y a la identidad nacional, subordinando los derechos de los inmigrantes a los del país de acogida, salvados la defensa de los derechos humanos fundamentales.
En lo que atañe a la seguridad, es lícita la restricción de entrada a quien se le supone riesgo de desestabilización del orden establecido. Todo país considera que la delincuencia no puede ser exportada, por lo que no puede acompañar a la emigración. Corresponde a cada sociedad educar en el respeto a sus ciudadanos y aplicar las políticas de represión de la delincuencia. En consecuencia aplicar los filtros necesarios para garantizar esa impermeabilidad a la delincuencia es una de las tareas que corresponde al concierto internacional para no generalizar la culpa a los inmigrantes honrados.
Admitir la contraposición entre globalización y autarquía exige dirimir el tránsito de inversores, comerciantes y trabajadores, pues difícilmente se puede concebir que los beneficios repercutan sólo en un sentido. Igualmente se puede decir del interés intelectual, cultural y el ocio, que exigen la facilidad de desplazamiento de unos territorios a otros. Quienes se niegan a negociar bilateral o multilateralmente las condiciones de tránsito se arriesgan al aislamiento de sus ciudadanos, por más que quieran imponer una posición de dominio. Pero en esas negociaciones cabe que la garantía de seguridad ocupe una posición dominante, como parece que lo requiere la mayoría ciudadana. Posiblemente una eficaz colaboración policial, aduanera y judicial entre los distintos países consiga un efecto mucho más tolerable para la migración que la represión indiscriminada de la misma, porque esa colaboración incide en las responsabilidades mutuas para también controlar la migración clandestina. Aquel país que exporta delincuencia parece lógico que quede vetado al flujo migratorio, mientras quien asume la responsabilidad del filtro de esa delincuencia en sus propias fronteras se ganará el respeto de los ciudadanos de acogida.