RENTA FAMILIAR
La inteligencia facilita al ser humano destinar la riqueza generada mediante su trabajo para adquirir las objetos más adecuados a su realización. Esto no sólo implica individualmente a cada persona, sino también al conjunto de la sociedad. Una comunidad que pretenda lograr determinado objetivos debe recurrir a una política fiscal que los garantice. Precisamente el consumismo se configura como un vicio social cuando la frivolidad por disfrutar de determinados bienes perentorios se impone sobre la razón que debería ordenar los recursos a sostener auténticos deberes de su naturaleza. Entre estos deberes destaca el de sostener un índice de natalidad positivo, que no se corresponde con que nazcan más niños que los ciudadanos que fallecen, sino que exista al menos reposición de la población en su fase activa, o sea que que el ciclo de fertilidad de la población se reponga con índice de natalidad positivo. Considerar que la población se sostiene porque los ancianos vivan más años es engañarse respecto a la eficiencia de la sociedad.
En los últimos tiempos se confiere una determinación trascendente para la natalidad al conciliar la vida familiar con la ocupación laboral, y poco al equilibrio de la renta familiar, cuando esta repercute tanto más en la política de natalidad. Si un país pretende perpetuarse como entidad social, manteniendo su cultura, requiere una política realista de natalidad que favorezca sostener a la prole, para lo que se requiere garantizar una renta mínima familiar que asegure la correcta crianza y educación de los hijos incluso en circunstancias personales adversas.
La disposición de los padres a realizarse en la procreación parecía haber quebrado con la modernidad, pues se pensaba que las posibilidades de ocio se sobreponían a la tendencia de la naturaleza. Sin embargo la identificación de ese problema y la aplicación de correctores políticos han demostrado, en muchos países aquejados, que basta una eficiente protección social para que el índice de natalidad crezca, ya que la ciudadanía no ignora su trascendencia personal y social.
En tanto en cuanto el entorno económico se liberaliza desfavoreciendo la cohesión social, más atención se precisa para garantizar que ello no repercute en que la opción por ejercer la paternidad penaliza la renta familiar. Si los ingresos quedan expuestos a la especulación del mercado laboral, quien debe dedicar tiempo al cuidado de los hijos puede quedar postergado respecto a quien no, por lo que la acción del Estado y de las compañías productoras tienen que identificarse con la solución, que no es otra que la de reconocer como una ocupación laboral la atención personal de los hijos, tanto como la que realizan maestros y sanitarios.
La garantía de una renta mínima familiar, bien por ayudas empresariales o por subsidios universales públicos, no tiene como fin la protección ciudadana de los padres, sino la de los hijos como población garante del futuro de la entidad nacional. Esa renta ha de compensar el tiempo dedicado a la atención de los hijos que se resta de la posible mayor ocupación laboral, no sólo en el aspecto económico, sino también preservando el futuro profesional de los padres, donde inciden las medidas de conciliación familiar para ambos progenitores. Garantía de esa renta mínima son las medidas de aplicación de reducción de jornada sin recorte en el salario, aplicación de bonificación de impuestos, asistencia domiciliaria a cargo de la administración pública, guarderías infantiles dotadas de enfermería, etc. Cada país tendrá tendencia por unas u otras formas de garantizar la renta mínima suficiente para sostener la familia, que debe ser prioritaria sobre otras tendencias de protección social, ya que la familiar no debe suponer un subsidio, sino el derecho a recibir la remuneración por un trabajo invertido con un fin nacional superior al de otras muchas inversiones del Estado.