IMPUESTOS AL CONSUMO
Los partidarios del liberalismo, además de denostar las tasas e impuestos, exigen que los que sean imprescindibles de imponer para el funcionamiento de la administración de un estado no afecten a la renta sino al consumo. Esta concepción política olvida lo que es la protección social y la igualdad de oportunidades, que son fundamentos mismos de una auténtica democracia. La crítica de que los impuestos sufragan un estado de bienestar que soporta derechos no ligados al esfuerzo y al trabajo puede ser admitida, pero no cuando procura la protección social avenida sin culpa, ni la de los menores, quienes aún no poseen responsabilidad de sus actos. Precisamente la igualdad de oportunidades busca que cada cual reciba de la sociedad una posición social correspondiente a su esfuerzo, pero para ello debe corregir las precariedad del hogar en el que cada uno nace, porque no es algo elegido.
La preferencia de los impuestos al consumo se justifican en que se recauda sobre los bienes que realmente cada uno disfruta, frente a los de la renta o patrimonio que puede ser que se inviertan en producir riqueza para todos. Esa justificación encierra un contenido de verdad, pero el mismo también tiene que validarse con las condiciones de verdad en que se realiza. Es en su aplicación donde surge los escollos de que los impuestos directos al consumo sean socialmente más justos que los impuestos a la renta o al patrimonio.
La gran anomalía que se agudiza sobre los impuestos al consumo está precisamente en la ausencia de proporcionalidad en los mismos por no estar afectados de progresividad. El fundamento teórico de que cada cual paga según la porción de bienes que disfruta choca con la aplicación práctica de que lo mismo paga quien usa un determinado bien como primera necesidad y otro utiliza el mismo bien para un placer superfluo. Aunque las administraciones públicas suelen distinguir lo más necesario de lo menos, y a unos imponen una cuota y a los otros distinta, es cierto que esa cómoda distribución impositiva deja mucho que desear.
La concepción de bien de primera necesidad no está en sí en la naturaleza del bien, sino en el uso que de ese bien pueda hacer la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la pobreza energética puede distinguirse claramente la necesidad del kilovatio que una familia humilde precisa para calentar su reducida vivienda, a la que pueda utilizar un potentado para calentar el agua de su piscina climatizada o el invernadero para sus bonsáis; en el primer caso es una necesidad vital y en el segundo un caprichoso lujo, siendo que en muchos países la cuota que se satisface es la misma.
Que los impuestos al consumo sean progresivos, como lo son los de renta y patrimonio en los países socialmente más desarrollados, es una necesidad que no se puede soslayar en base a la dificultad para su aplicación; ya que no es difícil atribuir cuotas diferenciadas según que el consumo se ajuste a la necesidad generalizada o no. Por ejemplo en el caso de la energía no es complicado aplicar una cuota reducida a los kilovatios de electricidad o gas empleados mensualmente en calentar una vivienda común, y aplicar otra cuota superior a los kilovatios gastados por encima de los anteriores. Se puede aplicar una cuota más reducida a los vehículos utilitarios y otra a los de lujo. Sobre la actividad cultural se puede diferenciar una cuota reducida a los libros o el material escolar y otra para los coleccionistas de arte o los espectáculos de ocio.
Utilizar la inteligencia para que la carga impositiva se reparta proporcionalmente a las posibilidades del pueblo es materia importante para que se asuma su función social. Del mal uso que cada ideología proyecta beneficiando a sus afines se sigue la conciencia de injusticia que se instala en la población, porque aunque el pueblo nunca llega a conocer con certeza lo que no tributan los ricos, nunca se deja de saber lo que sí pagan los pobres.