CALUMNIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con independencia de la sensibilidad judicial de un sistema respecto a la prioridad del derecho a la expresión de la propia opinión y el derecho a la honra, la actitud ética y deontológica de los profesionales de la comunicación y de los titulares de los medios debería considerar la frivolidad social que se sigue de la deriva de la información hacia la falsedad y la calumnia al servicio de intereses políticos o económicos.
Un profesional debe evaluar que la relevancia de lo dicho o publicado no es la misma según se haga en un ámbito privado o de dominio público. Esto supone la restricción personal a sembrar sombras de sospecha cuando no se tienen datos suficientes para respaldar una opinión o avalar una noticia. Una cosa es indagar en privado sobre la intuición de una noticia, aunque suponga evidenciar una sospecha, y otra publicar conjeturas sin fundamentar con el fin de trasformar un prejuicio en una certidumbre. Caracterizarse por poseer intuición de futuro puede suponer un prurito profesional, pero siempre y cuando se presente la intuición como presentimiento y no como evidencia encubierta, al menos hasta que se posea las pruebas que la puedan demostrar.
Cuando de la sospecha se pretende hacer verdad a posteriori --o sea, fabricando las pruebas que la puedan respaldar-- con el fin de gozar de la primicia informativa, con frecuencia se está a equidistancia de la denuncia y la calumnia, porque sin la fiabilidad de las pruebas la sospecha puede acabar tanto siendo cierta como errónea, pero el desembocar como falsa exigiría la tan indeseada rectificación, que habitualmente se deja a que sean otros medios quienes desmientan, por lo que normalmente en un numeroso grupo de los afines al medio anterior queda difundida la calumnia.
Aunque sea cierto que socialmente la certificación de la verdad puede exigir el veredicto de los tribunales, y por tanto los contenidos informativos no deben tomarse como definitivos, lo habitual es que el influjo que ejercen sobre la ciudadanía justifica la exigencia de responsabilidad a los profesionales, tanto más cuanto un medio tenga tanta difusión que le haga estar entre los referentes principal de una comunidad. La credibilidad de un medio oficial, por ejemplo, suele ser mayor que la de una revista satírica, pues al primero se le supone contenidos informativos ciertos, y a la segunda contenidos críticos que exigen cierta propensión del lector u oyente para su interpretación. Así debe considerarse bajo distinto prisma de veracidad el contenido de una editorial o un chiste.
La reparación de la calumnia informativa o crítica, motivada por ética o acción judicial, es igual de difícil que la calumnia vertida entre particulares, la diferencia sin embargo entre una y otra está en la extensión de la difusión. Mientras entre particulares la calumnia la agrava la confianza dada al calumniador, cuando se vierte desde medios de comunicación públicos la gravedad se mide por la extensión de la difusión. En un chat familiar o de amigos la difusión de la mentira o el error es controlable, en una red digital abierta se hace prácticamente imposible la neutralización. De este modo, cuanto más anónimo es el mensaje, menos profesional quien lo edita y más extensa la red de difusión, más abonado está el campo para el ejercicio frívolo de la calumnia. De su asiduidad y cometido se puede deducir el grado de madurez ética de esa comunidad.