ÉTICA Y ESTÉTICA DE LOS IMPUESTOS
Reconocida la necesidad de los impuestos --salvo en los regímenes comunistas, donde todo es del estado-- para sostener los servicios públicos que protegen la actividad social, como son las infraestructuras, la seguridad, la salubridad, el ordenamiento político, la asistencia social, etc., lo que es importante es que la distribución de la imposición, las formas de recaudación y la administración de lo recaudado sea trasparente y justa a criterio de los ciudadanos que los soportan. Muy posiblemente nuca se logre el total acuerdo de las personas respecto a las cuantías que deben aportar a la caja común de la administración estatal, porque existe un predisposición mental a pensar cada uno que aporta más de lo que debiera en comparación con los demás. Para reducir esa aversión ciudadana a la necesidad recaudatoria para sostener el gasto público, lo necesario es que los gobiernos y los parlamentos procuren aprobar presupuestos éticos, en los que ni se malgasta ni se derrocha, y estéticos, que se ganen el agrado de la mayor parte de los ciudadanos.
La ética de los impuestos, como cualquier aplicación ética, supone el ejercicio del bien, que en este caso exige que el fin de cada impuesto sea justo, que su cuantía sea proporcionada y que la recaudación sea eficaz. Para lograrlo el criterio vertebral debe ser que los impuestos no pongan en cuestión ningún derecho fundamental, no mermen la calidad mínima de una vida digna, que devenguen sobre todo de la renta superflua y que su gravamen progresivo promocione la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos del estado.
La estética guarda relación con la percepción subjetiva de los ciudadanos. Esa subjetividad relativiza el cómo se puede satisfacer a la mayoría, pero, como los políticos también son ciudadanos, basta con que recuerden sus posiciones previas a ejercer la política para valorar el qué y el cómo de los impuestos desagrada mayoritariamente. Por ejemplo, hiere que haya impuestos que gravan sucesivamente el mismo bien o beneficio; que las bases sobre los que se aplican superen el valor real; que discriminen su aplicación por razón de etnia, sexo, religión o clase; que la liquidación no sea accesible, trasparente y recurrible; que se liquiden previamente a la gestión del bien que lo tributa. Las tasas, los gravámenes y los impuestos deben estar de tal modo articulados que no supongan que distintas administraciones recaudan directamente sobre la misma base, sino que sea un sólo impuesto el que se paga, aunque luego la recaudación lo distribuya entre los organismos del estado que corresponda. Por ejemplo, no parece lógico que se recaude del ciudadano un impuesto de circulación por la tenencia de un automóviles y también se le cobre otro en el uso del combustible que consume y otro por el uso que hace de la carretera, es más estético que se reúna la recaudación en un único acto impositivo; si se paga un impuesto periódico por el patrimonio de un bien, no debería aplicarse otro gravamen por el simple cambio de titularidad, el valor del impuesto por el bien debe absorber los posibles cambios de propiedad; no tiene lógica que se pague un impuesto sobre la plusvalía del suelo de un inmueble que se adquiere, cuando su propietario ya estaba pagando un impuesto actualizado sobre el valor del inmueble.
Muchas veces la administración reitera los impuestos a fin de que le sea más accesible la recaudación, pero ello no favorece la estética de los mismos. Facilitar el conocimiento de cuánto se cobra, cuánto se paga, lo simplicidad de los conceptos y la concentración de la recaudación no están reñidos con los principios de la justicia distributiva fiscal, sino todo lo contrario. La trasparencia facilita la comprensión fiscal, siempre que esta sea justa.