LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XXI
Escribir sobre el futuro en política o sociedad es la aventura más loca que puede abordarse en el ámbito del pensamiento social. Esto se debe a que la libertad del hombre genera que su comportamiento futuro sea impredecible, sobre todo cuando pasan sucesivas generaciones, por muchos factores sociológicos que puedan computarse como probabilidad de comportamiento. No obstante, cabe elucubrar cómo va a evolucionar el proceder, sabiendo quien lo lea que lo que se escribe no corresponde a criterios de verdad, sino de ilusión o futurismo, que muchas veces refleja más el idealismo por la evolución afortunada de unos valores que la voluntad real de las ambiciones sociales.
La carrera tecnológica que está marcando los inicios del siglo XXI parece haberse adueñado del marco de lo político, pero, precisamente por ello, está favoreciendo la resistencia generacional a admitir que se considere que todo ya está pensado y dispuesto para regir la política del resto del siglo como la del anterior. Así como la Edad Contemporánea evolucionó desde la Revolución Francesa a una nueva concepción del Estado superadora de la del antiguo régimen, cuyo culmen lo condensa la democratización frente al absolutismo, está surgiendo en este nuevo siglo un verdadero movimiento socio intelectual que reclama para la ciudadanía el protagonismo real de la gestión del Estado frente a los modelos democráticos en que ese poder lo siguen disimuladamente detentando las instituciones heredadas del antiguo régimen. Las carencias de la democracia formal se pretenden superar con la democracia real. La aspiración de esa nueva ideología ciudadana se podría resumir en que la política no dicte que los ciudadanos sirvan a las instituciones, sino que las instituciones sirvan a los ciudadanos.
El criterio más profundo que subyace en la regenerada concepción democrática se funda en que las relaciones sociales no se constituyan como relaciones de domino, sino como relaciones de servicio; porque sólo desde la justicia y la equidad puede lograrse el progreso sostenible que avale la cohesión entre las personas y entre la humanidad y el planeta que habita. No tratan estas nuevas generaciones de ciudadanos de reivindicar criterios trasnochados de igualdad y solidaridad basados en la beneficencia pública o en las subvenciones corporativas, ni tampoco la panacea de un estado del bienestar complaciente, sino una auténtica revalorización de la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos dispongan de semejantes oportunidades para alcanzar en la sociedad el reconocimiento debido a su esfuerzo. Que la economía no sea especulativa, sino productiva; que la política no sea la tapadera de corrupción; que la gestión de lo público no suponga un refugio de ineficacia o ineficiencia; podar el gasto público superfluo; garantizar la transparencia plena de la Administración del Estado; una justicia independiente; el revocatorio electoral; etc. El ciudadano exige, aunque a veces no sabe cómo, que su participación y control de la gestión pública sea el verdadero reflejo de la exigencia con que a sí mismo se trata.
Podría pensarse que la ingente tarea de desplazar la burocracia institucional es suficiente para desalentar a las nuevas generaciones de auspiciar un futuro más democrático, pero no debe olvidarse los siglos que han sido necesarios de reivindicación para que cosa tan simple como el voto universal haya sido conquistado; las luchas contra el colonialismo para lograr la autodeterminación; los esfuerzos por conseguir una fiscalidad garante de las protecciones sociales; la dignidad y la seguridad laboral; la repulsa de la xenofobia; la libertad de expresión o la libertad religiosa. Lo trascendente para una revolución no está en lo medios, sino en el convencimiento de que la manera de ser universal que defiende es la propia para ese momento histórico de la humanidad.