Si de la democracia algunos consideran su origen en la antigua Grecia, siglos antes de Cristo, hay que admitir que, si bien la idea de entonces puede asemejarse al criterio actual, lo cierto es que su evolución ha sido muy lenta, quizá no tanto en cuanto definición de gobierno del pueblo en oposición a los autoritarismos monárquicos e imperiales, sino sobre todo en las estructuras de participación, de elección y de representación. Considérese cómo hace sólo cien años todavía no se había logrado una democracia con derecho al voto universal en casi ningún país. Esa evolución tan lenta nos indica de que, por mucho que percibamos la democracia como un realidad, debemos urgirnos para que los países con sistema democrático se doten de estructuras de representación que validen al 100% el concepto más exigente de democracia.
La estructura de representación que logra certificar un sistema democrático ha de reunir al menos cinco condiciones:

1. Que sea universal, de modo que todos los ciudadanos mayores de una mínima edad puedan delegar su representación mediante el voto periódico.
2. Que permita la real participación de todos los ciudadanos en las instituciones mediante sus representantes.
3. Que los representantes en las cámaras legislativas tengan conciencia de que están obligados a sostener los compromisos con sus electores.
4. Que cada voto tenga idéntico valor.
5. Que exista plena transparencia para los votantes de la actitud delegada de sus respectivos representantes.

La universalidad del derecho al voto es quizá la más visual de las condiciones de la democracia, pero igual que ella está el que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades para acceder a cualquiera de las responsabilidades del Estado. El derecho al voto se corresponde con el derecho a ser votado, o sea, a ceder la representación propia y a recibir la confianza de los demás votantes. Además debe ser real que la cadena de representación no se rompe, y que todos los ciudadanos sostienen su derecho a que su voz sea oída en el parlamento por medio de sus representantes, y que a través de los mimos se ejercite su voluntad mediante las votaciones decisorias de la actividad parlamentaria. A veces, con criterios reduccionistas, se ha tendido a simplificar la labor parlamentaria a la de los partidos políticos mayoritarios, como ya anteriormente se reducía a la de los hombres más letrados; estas tendencias deben ser eliminadas, y favorecidos los tiempos modernos con sistemas de computación capaces de gestionar la transmisión real de las voluntades de innumerables ciudadanos ha de lograrse que la plena voluntad de cada votante llegue a decidir la política a seguir por la nación.
Las estructuras electorales que avalan la democracia se distribuyen principalmente sobre dos criterios distintos: Uno, el que reparte los escaños de cada circunscripción entre las listas candidatas según la proporción de votos obtenida por cada candidatura; el otro, el que adjudica el escaño de cada circunscripción al candidato que haya obtenido más votos en la misma. Ambas dos, por mucho que puedan ser avaladas por años de antigüedad, no dejan de adolecer de grandes carencias respecto a las exigencias más radicales de la equitativa representación democrática. La primera es más propia de la partitocracia que de la democracia, porque la confianza del voto no se otorga a un ciudadano concreto, sino a la lista de candidatos elegidos por los partidos, sin opción de discernir entre los mismos, por lo que esa confianza global a los partidos políticos supone de hecho otorgarla a una estructura jerárquica, próxima siempre a una configuración alejada del control de los votantes. La segunda puede parecer resolutoria sobre la elección del candidato más idóneo en cada circunscripción, pero realmente lo que produce es ignorar la diversidad ideológica de los votantes, dejando a todos los que no siguen al candidato más votado sin representación parlamentaria.
El ideal del sistema democrático es que cada sufragio trascienda, en la correspondiente parte alícuota, en las decisiones parlamentarias, y para ello ningún voto a un candidato puede despreciarse; para lograrlo, una nueva perspectiva de representación posible es que el cómputo de valor del voto de cada parlamentario no sea equivalente, sino igual al número de delegaciones de voto conseguidas en las urnas. Lo que hace años podía suponer una dificultad contable de los resultados de las votaciones en las sesiones parlamentarias, hoy puede realizarse de modo automático sin margen de error. De este modo las compensaciones de los resultados de las votaciones en unos y otros distritos no se reflejarían de modo aparente en la composición de la cámara de representantes, sino de modo exacto a la voluntad expresada en las urnas. Cualquier otro medio de votación que no refleje fidedignamente los números reales de la delegación de representación respectiva de los ciudadanos a los parlamentarios podrá asimilarse a la democracia, pero en la medida que se aleje de ese objetivo la misma estará tan devaluada hasta poder ser, como existe en algunos países, una mera artimaña política para justificar la detentación del poder.
 

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