CONTUBERNIOS POLÍTICOS
Por contubernio se entiende la cohabitación de entidades para lograr intereses mutuos ilícitos. Entre las muchas posibles clases de grupos a entenderse para mutuo ilícito beneficio está el de las facciones políticas, bien sea en su actuación dentro de la política nacional o internacional, siendo especialmente grave cuando esos grupos detentan responsabilidades de Estado.
Los historiadores muchas veces han postergado el tratamiento de contubernio en la crítica de las ligas o alianzas para la actuación conjunta de imperios, reinos o emporios, porque en sus análisis prima lo legal a lo legítimo y lo ilícito, pues de lo legal suelen quedar vestigios para su justificación, mientras que el análisis de la ética de los acontecimientos queda al subjetivo juicio de la perspicacia del investigador, pues de lo ilícito se guarda mucho, quien lo comete o consiente, de no dejar rastro. Pero ejemplos de grandes contubernios pueden encontrarse en las alianzas internacionales para la imposición de una determinada religión, para el reparto de los dominios a colonizar o para la coordinada legitimación del tráfico de esclavos.
Existen contubernios en sectores industriales, comerciales, ideológicos, judiciales... que afectan a la política en cuando atañen al derecho de los ciudadanos, pero los más graves se dan cuando los mismos se establecen entre Gobiernos en defensa de "intereses de Estado" que realmente benefician sólo al sector de la sociedad que ostenta el poder.
La distinción esencial entre ligas legítimas de Estados y contubernios está en la licitud de los fines que persiguen y los medios que emplean para alcanzarlos. Pero esa licitud no se sustenta en que se pretenda un interés parcial o total de la propia ciudadanía, sino que respete los principios de la justicia universal.
Cuando más se ostenta la defensa de un orden internacional justo y democrático, como proyección teórica de las propias ideologías, parece incompatible que los Estados tramen redes opacas de mutuo respaldo para el dominio del entramado comercial, militar, judicial, financiero, diplomático..., sin tomar en consideración si esas relaciones son legales, legítimas y lícitas de acuerdo a la ética y trasparencia que deben a sus propios ciudadanos, y si su modo de actuar atenta contra el derecho internacional de la población de terceros países. No cabe la justificación de que todos los Gobiernos obran así, porque ello no sería sino la constatación de la imposibilidad de la regeneración democrática que se pretende para el nuevo orden universal de relaciones internacionales. Cuantos menos sistemas admitan a sus instituciones el libertinaje en sus actuaciones, no sólo se limpia la política nacional, sino que se coopera eficazmente a la concordia mundial.